El trabajo de las defensoras comunitarias: Las defensoras indígenas enfrentan constantes problemas, como las tensiones con las autoridades comunitarias cuando éstas justifican y/o protegen a los agresores. De manera paralela, tienen que luchar contra el hostigamiento y descalificación que enfrentan por ser mujeres que cuestionan la autoridad establecida. Como estrategia, han construido redes sólidas de defensoras y tejido alianzas con autoridades indígenas aliadas para lograr resultados favorables.

Ha habido casos emblemáticos que han sido parteaguas, como el de Inés Fernández, mujer Me’phaa violada y torturada por militares en 2002, cuyo caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; su lucha dio origen a espacios de reparación comunitaria como la Casa de los Saberes en Ayutla y tuvo un efecto inspirador en las nuevas generaciones de defensoras y otras mujeres que deciden denunciar.

Justicia comunitaria como alternativa y sus límites: Muchas mujeres prefieren resolver los casos en su comunidad, en su propia lengua y prácticas culturales antes que acudir a la justicia estatal. Sin embargo, esto no está exento de problemas, como los retos que existen al tratar con autoridades comunitarias que en ocasiones son los propios agresores o los protegen.

La doble violencia: machismo comunitario y racismo institucional: Las mujeres afromexicanas, indígenas y afroindígenas, enfrentan discriminación y racismo tanto dentro de sus comunidades como en las instancias de justicia estatal. La desigualdad es la raíz común de ambas violencias: la creencia de que valen menos por ser mujeres y por ser afromexicanas, indígenas o afroindígenas.

Racismo institucional y lingüístico en la justicia penal: Hay una constante falta de peritos traductores para mujeres indígenas que acuden a fiscalías, que se acompañan de malos tratos, desprecio y desatención hacia las mujeres afromexicanas, afroindígenas e indígenas en instituciones de justicia.